Análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto

El pasado 13 de mayo, se celebró en el Colegio de la Abogacía de Barcelona una mesa redonda con el título “Claves de la STC 44/2023 de 9 de mayo y el Derecho a la Vida”, organizada por el Institut I+DRET, con la colaboración de las Secciones de Derecho Constitucional y Derecho de Familia del propio colegio. El acto fue presentado por Montserrat Pintó Sala, Diputada de la Junta de Gobierno y moderado por Mª Jesús Pesqueira Zamora, Decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad Abat Oliva y Directora Académica del Instituto I+Dret del Colegio de la Abogacía.

Intervino en primer lugar Alicia Latorre Cañizares, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, con una ponencia titulada «El impacto social de la Ley». Hizo un repaso sobre las consecuencias de la legislación abortista vigente en España, como la aparición de un nuevo lenguaje que pretende esconder la realidad dramática del aborto, el riesgo de la identificación entre lo que es legal y lo que es moral, el silenciamiento del derecho a la vida, cuando no la ridiculización y hasta la persecución de los que lo defienden y el adoctrinamiento en una posición desprovista del menor atisbo de ciencia. Desde una óptica realista y también optimista, no dejó de recordar “lo que no se ve”, haciendo referencias a tantas asociaciones e instituciones que defienden la vida, con tantas vidas salvadas y tantas personas arrepentidas de haber caído en la trampa del aborto.

A continuación intervino Jesús Mª Silva Sánchez, Catedrático de Penal, con la ponencia titulada «El aborto como conducta antijurídica», en la que analizó los aspectos jurídicos y penales de la sentencia del Tribunal Constitucional. Explicó cómo el TC ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la Ley Orgánica 2/2010, que regula el aborto en España, al considerar que no vulnera el derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución. El aborto como derecho, según el ponente, no puede esconder u obviar lo que en sí constituye siempre una conducta antijurídica y habló de la paradoja de haber “creado” un “derecho antijurídico”. Explicó que el TC ha avalado el sistema de plazos establecido por la ley, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de alegar ningún motivo ni contar con el consentimiento de los padres en el caso de las menores de edad. También indicó que la ley amplía los plazos hasta las 22 semanas en caso de que existan riesgos graves para la salud de la madre o del feto, y más allá de ese límite si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o que puedan provocar graves discapacidades. Silva también se refirió a algunas cuestiones controvertidas, como la posibilidad de que el aborto sea cometido de forma dolosa o imprudente, que sigue siendo castigado, o el problema ético y jurídico que plantea el diagnóstico prenatal de anomalías fetales, especialmente en el caso del síndrome de Down. Finalmente se refirió a la contradicción que existe entre un supuesto “empoderamiento” de la mujer, sin prestar en cambio la debida atención a la ayuda que necesitan las mujeres vulnerables, que tan frecuentemente se ven abocadas a abortar.

Después habló Pablo Nuevo López, Profesor de Derecho Constitucional, con la ponencia titulada «La competencia del TC y su jurisprudencia». En ella, criticó la falta de coherencia y rigor del TC al interpretar el derecho a la vida y la protección debida al concebido, yendo mucho más allá de lo dispuesto en el texto legislativo, en una clara postura de evidente sesgo ideológico, pretendiendo incluso que esta decisión sea vinculante en el futuro. Según Nuevo, el TC ha incurrido en contradicciones internas, incoherencias con el derecho internacional y europeo, y arbitrariedades con respecto a la doctrina científica y filosófica sobre el inicio de la vida humana. Señaló que la ley reconoce la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que no quieran participar en la práctica del aborto, pero solamente para los que tienen actuaciones directas en la intervención. El ponente argumentó que el TC ha asumido una posición ideológica y no jurídica, y que ha vulnerado los principios de proporcionalidad, igualdad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Además, señaló que el TC se ha extralimitado en sus funciones al entrar a valorar cuestiones que no le corresponden, como el grado de desarrollo del feto o el peso relativo de los intereses en juego.

Déficit en ayudas efectivas y accesibles a la maternidad

Finalmente intervino Manuel José Silva Sánchez, Abogado del Estado en excedencia, con la ponencia titulada «¿Existe una política de ayudas que proteja la vida humana en formación?». El ponente recordó que la nueva ley ha eliminado el período de reflexión y cambiado, a peor, el sistema en cuanto a la información que deben recibir las madres antes de practicarse el aborto. Luego hizo un balance de las distintas medidas adoptadas por las administraciones públicas para apoyar la maternidad y la paternidad, haciendo referencia a las grandes diferencias que se dan según cuál sea la autonomía que las regula. Silva concluyó que existe un déficit de ayudas efectivas y accesibles para las mujeres embarazadas en situación de dificultad, y que se requiere una mayor implicación social e institucional para garantizar el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Tras estas exposiciones, se abrió un turno de debate en el que los asistentes pudieron plantear sus preguntas y opiniones sobre los temas tratados. Uno de los asistentes se felicitó porque esta ha sido, en su opinión, la primera ocasión en que se ha celebrado un acto en favor de la vida en la sede del Colegio de la Abogacía. Se generó un interesante intercambio de ideas sobre el papel del TC, la necesidad de una legislación más acorde con la dignidad humana, y las posibles vías de acción para defender el derecho a la vida y la maternidad.