Desde la despenalización del aborto en España se han producido algo más de tres millones de abortos voluntarios. Las tasas de aborto (1 de cada 4 embarazos) y el fenómeno del invierno demográfico están intrínsecamente relacionados. En más del 90% de los casos, las razones aducidas son “petición de la madre”.
La falta de relevo generacional constituye un reto para la sostenibilidad. Quienes deberían estar trabajando para revertir el impacto del invierno demográfico, están adoptando políticas contrarias. El aborto en España es un negocio privado. La legislación supone una “barra libre” para lo que eufemísticamente se llama “interrupción voluntaria del embarazo”.
Se enarbola el derecho a abortar como clave de liberación y “empoderamiento” de la mujer, por delante del derecho a la vida. Pero ¿es liberador cercenar uno de los rasgos esenciales y constitutivos de lo femenino? El aborto supone todo lo contrario de lo que la ideología proabortista defiende. Supone la vulneración del derecho a la vida de una persona genéticamente distinta de sus padres y establece un panorama en el que el padre desaparece, y el embarazo se transforma en una “enfermedad” que afecta en exclusiva a la mujer, decisora única y omnipotente sobre la vida del feto.
Convertir la feminidad en esclavitud y diluir la paternidad lleva a la destrucción de la familia como institución social responsable de acoger la vida, llevar a cabo la socialización primaria de la persona, sentando las bases de su futuro desarrollo. Sin maternidad ni paternidad, sin familias, sin socialización… ¿Quién convertirá a los pocos niños que nazcan en ciudadanos? La respuesta es obvia y aterradora, aunque históricamente contrastable: el Estado.
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* Profesora de l’IESE Business School. Publicado en Cataluña Cristiana, núm. 2322 nuevo, p. 6. Reproducido con autorización