El lunes 4 de marzo los diputados y senadores franceses, reunidos en sesión conjunta en Congreso extraordinario de ambas cámaras, celebrado solemnemente en el Palacio de Versalles, votaron reformar la Constitución francesa. Con esta reforma, el artículo 34 de su Constitución establece: «La ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada de las mujeres de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo». Esta fecha pasará a la historia de Francia, y hasta del mundo, por un hecho que será tristemente famoso como hito significativo en la cultura de la muerte. Es de temer, además, que puede incentivar conductas parecidas en otros países. En España ya se ha insinuado la voluntad de proponer algo parecido.
Se tenido mucho cuidado en evitar expresiones que podían sonar demasiado fuertes como «derecho al aborto» o “libertad para matar al hijo no nacido”. En su lugar se habla de una «libertad garantizada», junto al conocido eufemismo «interrupción voluntaria del embarazo». La reforma constitucional a la que nos referimos se ha hecho, pues, para defender las libertades, hasta el punto de blindar una de estas libertades, que conlleva matar a un ser humano inocente.
La reforma constitucional, en efecto, no habla abiertamente del derecho a abortar, pero se otorga este derecho. Tampoco se dice que los niños aun no nacidos no tengan derecho a vivir, pero en la práctica el derecho a la vida de esos niños quedará supeditado a una decisión de la madre, que en lugar de ser la primera cuidadora de la nueva vida, pedirá que tal vida se aniquile.
No respetar el derecho a la vida de las personas más vulnerables, como son los no nacidos, totalmente dependientes es moralmente muy grave. Que, además, esto lo respalde y lo blinde la Constitución –ley de leyes– entiendo que es una expresión muy clara de deterioro moral de gran parte de la sociedad o, por lo menos, de sus representantes democráticos; insensible a la cultura de la vida humana.
Llama la atención la abrumadora mayoría de diputados que han votado a favor de esta reforma constitucional. Se han contabilizado 780 votos favorables, de 925 diputados asistentes, que supera ampliamente los 3/5 exigidos para reformar la Constitución francesa. Previamente el texto había sido aprobado tanto en la Asamblea Nacional (492 votos a favor, 30 en contra) como en el Senado (267 votos a favor, 50 en contra).
Uno se pregunta con qué argumentos han decidido sus señorías votar a favor de la citada reforma. Se me ocurren los siguientes:
– ¿Por qué creen que la vida de un no nacido no tiene ningún valor? Costaría creerlo.
– ¿Por qué están convencidos que la libertad de la mujer para deshacerse de su hijo no nacido es más importante que la vida de éste? Quizá, aunque esto sea un sofisma fácilmente reconocible.
– ¿Por la voluntad sacar réditos políticos en forma de votos de una parte importante de la población que está a favor del aborto? Podría ser.
– ¿Por temor a que en el futuro pueda haber un retroceso en la libertad de abortar? Muchos observadores sugieren justamente esto. El avance de la defensa de la vida en países como Estados Unidos, Polonia o Hungría, dónde existen leyes que sí se preocupan por el derecho a vivir del no nacido y, tal vez, algún día podrían llegar este clamor a Francia. Con esta reforma se blinda el aborto, para que no pueda ser restringido por una ley futura ordinaria.
Y la gente corriente que apoya el aborto y votan a estos representante para hacer las leyes, ¿con qué argumentos lo hace? Son conocidos: “Hago lo que quiero con mi cuerpo”, “un feto todavía que es una persona,” “las mujeres parimos, las mujeres decidimos”. Son argumentos que no resiente una serena discusión basada en la ciencia y el sentido común. La biología afirma inequívocamente que el feto es un ser humano desde la concepción, con un ADN propio, distinto del padre y de la madre. Un ser humano real –una persona, aunque en crecimiento; no una parte del cuerpo de la madre, ni un proyecto de ser humano.
Desde la perspectiva ética el aborto es aún menos sostenible, si se invoca la dignidad inalienable de todo ser humano. Tampoco es defendible desde la doctrina de los derechos humanos, que reconoce a la vida como el más básico de los derechos. El problema es que se pierde de vista lo razonable para convertir el aborto en una reivindicación más visceral que racional.
En Francia el aborto está autorizado desde hace 50 años y se producen 230.000 abortos al año, pero hasta ahora ningún país había reconocido el aborto como un derecho constitucional. El presidente francés Emmanuel Macron, que en 2022, no se salió con la suya de incluir el aborto en la Carta de Derechos de la Unión Europea, ahora ha logrado en su país entrara en la Constitución francesa, con la colaboración de no pocos diputados de izquierdas y de derechas.
No todo ha sido pasividad y cobardía. Ha habido parlamentarios que se han resistido, no han faltado manifestaciones a favor de la vida. También ha habido decidido rechazo por parte de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) de la inclusión del aborto en la Constitución de su país. Por su parte, la Pontificia Academia por la Vida, en la misma línea considera que «la protección de la vida humana es el objetivo primordial de la humanidad y hace un llamamiento a todos los gobiernos y tradiciones religiosas para que se comprometan con la protección de la vida.»