Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2023, revisando 155 países. En el citado informe se destaca que, a nivel global, estados y grupos armados que rompen e interpretan a su antojo las reglas de la guerra, el racismo que impregna algunos conflictos armados, el cambio climático, la degradación ambiental, represión de luchadores pro-derechos humanos. Subraya también en portada que «la ofensiva contra los derechos de las mujeres y las niñas y los de las personas LGBTI se ha intensificado.»
Amnistía Internacional es un movimiento global nacido en 1962 y al que están vinculados 10 millones de personas. Apela «a nuestro sentido de humanidad y hace campaña en favor de cambios que permitan que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos.» En su web se remarca «Sacamos a relucir la verdad y exigimos rendición de cuentas a la gente poderosa.»
Amnistía Internacional se presentan como una organización imparcial, «independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso» y financiada por sus miembros y con donativos. Sin embargo, a la luz del último informe y de los anteriores, cabe cuestionarse su neutralidad ideológica.
Es significativo que, ya en 2007, la Santa Sede manifestara que retiraba su apoyo económico a Amnistía Internacional por entender que esta organización apoyaba el aborto inducido. Por aquel entonces, AI defendía el derecho al aborto de las mujeres en los casos de violación, riesgo para la salud de la madre e incesto. En 2014, cuando se intentó restringir el aborto en España, AI emitió un comunicado negativo hablando de restringir derechos humanos de niñas y mujeres. En los años siguientes, AI ha continuado defendiendo el aborto no solo en en estos casos, sino como un derecho, al tiempo que sus comunicados critican las leyes que restringen el acceso a una plena «salud sexual y reproductiva».
Inicialmente, AI nació guiada por la promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Estas declaraciones y pactos basados en la dignidad de todo ser humano tienen un alto valor ético, por lo que promoverlos y defenderlos es, sin duda, algo encomiable.
Sin embargo, en los dos últimos decenios, se han presentado como derechos humanos unos supuestos derechos en abierta contradicción con el espíritu y la letra de la DHDU. Entre ellos los llamados derechos reproductivos, que incluyen el aborto como un derecho, a veces presentados como un aspecto de los derechos de las mujeres. Ocurre también con los llamados «derechos del colectivo LGTBIQ+«, que incluyen cambio de identidad del matrimonio y la familia, autodefinición de género, cambio de sexo y educación sexual afectiva en línea con la ideología de género.
AI, junto a una encomiable labor de denuncia y de exigencia de auténticos derechos humanos, sigue posicionada en defender pseudo-derechos. Hace, además, críticas que de neutralidad ideológica no tiene nada. Como botón de muestra, en el citado informe de 2023 se señala (p. 197): «En diciembre, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una legislación regresiva que, entre otras cosas, prohibía el reconocimiento de la identidad de género basado en la autodeterminación y restringía las iniciativas educativas de promoción de los derechos LGBTI.»
No cabe duda de que las personas LGTBIQ+ tienen todos los derechos humanos, en tanto que seres humanos, pero reconocer derechos específicos al colectivo LGTBIQ+ como derechos humanos es hacer pasar deseos por derechos. Amnistía Internacional, al asumir esos nuevos «derechos», incurre en un sesgo marcado por el movimiento abortista y por la ideología de género.