Estamos en la proximidad de unas elecciones generales en España. Los candidatos se afanan en convencer a los votantes de las bondades de sus programas y en criticar las propuestas de sus adversarios. Sin embargo, un voto responsable, como toda decisión prudencial, aunque pueda comenzar por el impacto emocional, ha de pasar necesariamente por una cuidadosa evaluación de los programas, de la credibilidad de las promesas, de la calidad humana y profesional de los candidatos y de la confianza que los partidos y sus representantes se han ganado con su trayectoria.
Para un cristiano existe una referencia sapiencial fundamental a la hora de tomar esta decisión: el Evangelio y las enseñanzas sociales de la Iglesia. En ellas aparecen como principios básicos la promoción de la dignidad de toda persona humana y la búsqueda del bien común. En ocasiones, los obispos ofrecen criterios morales para ayudar al discernimiento de los fieles. En esta ocasión, se ha anunciado que lo harán nuevamente y confiamos en que, dentro de poco, se haga público algún documento orientador.
Son muchos los temas relacionados con la dignidad humana y el bien común. Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden señalarse algunos de especial relevancia:
- La promoción de una cultura de la vida, frente a la pérdida de sensibilidad social ante el aborto y la eutanasia y a la tendencia hacia una legislación cada vez más permisiva. Más de cien mil vidas humanas son eliminadas anualmente antes de nacer y crece también el número de casos de eutanasia. Todo ello plantea graves interrogantes sobre el respeto al derecho fundamental a la vida. En este sentido, sería deseable reforzar las ayudas a la maternidad, ofrecer un mejor acompañamiento a las mujeres en situaciones difíciles y potenciar los cuidados paliativos, promoviendo de manera decidida la defensa de la vida humana en todas sus etapas.
- El problema de la vivienda, que afecta a miles de personas que encuentran grandes dificultades para acceder a una vivienda digna a precios asequibles. A ello se añade la pérdida de poder adquisitivo derivada de una inflación que no siempre ha sido compensada por el crecimiento de los salarios, especialmente entre los jóvenes y entre quienes destinan una parte importante de sus ingresos a la vivienda.
- La inmigración, armonizando la necesaria perspectiva humanitaria con la exigencia de una entrada legal y ordenada, así como con la voluntad de integración y participación de quienes llegan a nuestro país. Los sucesos vividos en Ceuta y en las Islas Canarias muestran la complejidad de este desafío.
- Una educación de mayor calidad y más libre, ante los resultados insatisfactorios reflejados por diversos informes internacionales, los retos derivados de las nuevas tecnologías y la insuficiente atención prestada a la formación del carácter y de las virtudes. Convendría asimismo reforzar la libertad educativa de los padres para elegir centro y proyecto educativo, sin que las limitaciones económicas constituyan una barrera, así como evitar injerencias ideológicas indebidas en materias especialmente sensibles.
- El apoyo a las familias con hijos, reconociendo a la familia como célula fundamental de la sociedad y primera escuela de virtudes. Fomentar la natalidad, afrontar el envejecimiento demográfico y facilitar la conciliación y la educación de los hijos son objetivos que merecen una atención prioritaria.
- La mejora de la calidad de los servicios públicos, especialmente en la sanidad y el transporte. En este último ámbito, resulta necesario avanzar en calidad, accesibilidad y seguridad, respondiendo a las deficiencias puestas de manifiesto en los últimos años.
- Una lucha eficaz contra la corrupción, ante los numerosos casos que han afectado a distintos niveles de la vida política. Para los cargos públicos conviene elegir personas honradas, competentes y verdaderamente orientadas al servicio de los demás. Asimismo, son necesarias mayores cotas de transparencia y mecanismos de control más rigurosos.
- La regeneración democrática, fortaleciendo la separación e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; promoviendo la competencia y el mérito en la gestión pública; favoreciendo el debate serio de las leyes y de los presupuestos; y ampliando los cauces de participación ciudadana.
Conclusión
Ningún partido ni ningún programa político encarnan plenamente el ideal del bien común ni satisfacen todas las exigencias morales que pueden plantearse desde la doctrina social de la Iglesia. Por ello, el voto cristiano requiere un discernimiento prudente, informado y responsable, capaz de valorar conjuntamente los distintos bienes en juego. Más allá de afinidades ideológicas o intereses particulares, conviene preguntarse qué propuestas y qué candidatos ofrecen mayores garantías para proteger la dignidad de toda persona, fortalecer las instituciones y promover auténticamente el bien común de la sociedad.